Plaza Dominical /
Miguel Ángel Granados Chapa.-

Al cabo de una campaña que resultó inocua -sólo el 29 por ciento de los ciudadanos resolvió cómo votar en los últimos dos meses, según la encuesta final de Reforma- hoy los mexicanos elegirán directamente a los 300 diputados de mayoría y, por consecuencia, a los 200 de representación proporcional que integrarán la LXI Legislatura. Se prevé que su composición sea por entero diferente de la que produjeron los comicios de 2006. Entonces, el mayor infortunio que ha padecido el PRI se reflejó en una magra bancada de sólo 106 legisladores en San Lázaro, con lo que el partido antaño apabullante se convirtió allí en la tercera fuerza. Puede ser que hoy ese partido recupere su primacía, aunque no al punto de contar con la mayoría simple.

Al mismo tiempo que las elecciones federales, hoy se realizan comicios locales en 11 entidades. En seis de ellas -Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora-, la jornada comprende la renovación del Poder Ejecutivo, el Legislativo y los ayuntamientos. En las cinco restantes -Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, México y Morelos- se eligen diputados locales y alcaldes (o jefes delegacionales).

Más que por la contienda entre partidos y coaliciones -mucho menos significativas estas últimas que en años anteriores- el proceso electoral que llega hoy a su momento culminante se ha caracterizado por las tensiones generadas por la reforma 2007-2008, especialmente en lo que hace al acceso de los partidos a la radio y la televisión, y por la tardía pero no menos ostensible presencia de iniciativas ciudadanas de protesta o condicionamiento a candidatos y partidos.

Contra la reforma electoral, que ha regido por primera vez en los meses recientes, se han alzado los intereses de la televisión, afectados porque se sacó del comercio la propaganda de los partidos, así como las propias organizaciones contendientes y, lo que es peor, las autoridades encargadas de aplicarla. Concertado o no, parecería haber un esfuerzo, al que no son ajenos quienes protagonizaron su hechura, para invalidarla durante su primera concreción y para eliminarla por completo después, para volver al antiguo régimen en que el dinero de los contribuyentes, pasando por la intermediación de los partidos, cayera principalmente en las alforjas del duopolio de la televisión.

Para evitar que esto último ocurriera, la reforma prohibió la compra de espacios en los medios electrónicos. Para suplirla, confirió al Instituto Federal Electoral la autoridad exclusiva para organizar la contienda partidaria en esos medios, utilizando los tiempos del Estado. Lo hizo el IFE de un modo deplorable, pues escogió la vía de los mensajes brevísimos, instantáneos, los spots que apenas permiten algunos balbuceos, en vez de espacios donde cupiera la exposición de las propuestas propias y la crítica a las ajenas, es decir el debate programático. La autoridad electoral siguió la ruta que el comercio televisivo había impuesto en vez de introducir modalidades nuevas que ilustraran el criterio de los ciudadanos.

La espotización de la campaña, herencia del viejo modelo, fue hecha aparecer, sin embargo, como fruto tempranamente podrido de la reforma. Para colmo, el propio IFE aterrorizó a la sociedad anunciando que se emitirían 23 millones de mensajes, avalancha de palabrería bajo la cual quedaríamos todos sepultados. El cálculo obvió la información de que esa enorme suma se transmitiría a través de cientos de estaciones y canales a lo largo de tres meses y medio. Pareció que se trataba de crear desde el principio una mala imagen al nuevo modelo de radio y televisión electoral, que se hubiera resumido de modo más breve y veraz diciendo que cada emisora destinaría, como la ley establece, 48 minutos de su programación a mensajes partidarios y de las autoridades electorales.

Las televisoras desafiaron a las autoridades de principio a fin de la campaña, y los órganos del Estado respondieron vacilantes y sinuosos, entre otros factores porque los sujetos regulados cuentan con influencia a veces determinante en los órganos reguladores. La nociva coincidencia de intereses de un partido, el Verde; por lo menos un consejero, Marco Antonio Gómez Alcántar; los siete magistrados del Tribunal Electoral Federal, y las televisoras, consiguieron quebrar la prohibición tajante de pagar propaganda televisiva. Cuando la justicia electoral no vio en los mensajes del partido que propone la pena de muerte (a sabiendas de su inviabilidad jurídica, política y ética, sólo porque apela a inclinaciones irracionales de la sociedad) mensajes propagandísticos, autorizó a ese partido tramposo a encontrar nuevas formas de eludir la prohibición, como lo hizo pagando reportajes en revistas que a su vez se publicitaron en la televisión como si ellas pagaran esa difusión.

Ante el feo espectáculo ofrecido por ese partido, y el no menos deplorable de los restantes -todos los cuales tienen sus propios lastres-, prendió la idea de anular el voto, forma mexicana de repetir la consigna argentina del año 2001, cuando fracasó el gobierno de Fernando de la Rúa: ¡que se vayan todos! Como responde a una gama de actitudes ciudadanas ante los partidos y las elecciones que van desde la indiferencia y la pereza hasta el hartazgo y el rechazo, la idea floreció y es probable que se exprese de modo perceptible y elocuente el día de hoy, aunque sea difícil discernir entre el número de votos nulos por error y el de los anulados deliberadamente. Antes de conocer su volumen, es claro que la propuesta ganó espacios en la discusión pública en mucho mayor medida y con mejores frutos que la contienda entre los partidos, cuyos momentos de mayor interés ocurrieron a través de internet con diatribas y provocaciones.

En algún centro de poder se experimentó la necesidad de neutralizar la tendencia a anular el voto y se dio impulso artificial a una modalidad de exigencia que, presumiblemente, permitiera expresar de modo constructivo la insatisfacción ciudadana. Se utilizó a una persona que había convertido su dolor en activismo social: a raíz del secuestro y asesinado de su hijo Fernando, el señor Alejandro Martí constituyó la organización México SOS, sigla que traduce el pedido internacional de ayuda al propósito de ese grupo: Sistema de Observación para la Seguridad ciudadana. Inopinadamente, cuando las preocupaciones de la gente común son menores ante la inseguridad que frente a los problemas económicos, México SOS amplió su arco de intereses y propuso la firma de un pacto nacional ciudadano con el lema: "Mi voto por tu compromiso". Se trataba de persuadir a candidatos (que ya en las plataformas de sus partidos expresan lo que se proponen hacer en el ámbito en que aspiran a tomar decisiones) de firmar ante notario su acuerdo con un programa de acciones. Se volverían de ese modo confiables y los votantes encontrarían en ellos una contraparte (como si el voto mismo no fuera la emisión de un mandato, un compromiso entre mandante, el que vota, y mandatario, el candidato).

Esa iniciativa tuvo más repercusión en los medios, la televisión sobre todo, que eficacia práctica. México SOS recibió 768 cartas-compromiso, de las cuales la mitad, 394, fueron validadas por Lupa Ciudadana, organización civil escogida para verificar la calidad de la posición de los candidatos. Las cifras son exiguas si se considera que hoy están en juego mil 508 cargos de elección popular. Si la iniciativa se circunscribe a la elección de diputados, alrededor de 4 mil candidatos pudieron haberse sentido llamados a comprometerse y lo hizo menos del 10 por ciento.

De todos modos, una mayoría de ciudadanos escogerá hoy a sus diputados federales. La encuesta de Reforma aparecida el miércoles pasado, último día para la publicación de sondeos, muestra que el 38 por ciento de la población con credencial de elector votaría por el PRI; el 33 por ciento lo haría por el PAN; el 14 por ciento por el PRD; el 7 por ciento por el Verde; el 3 por ciento por el PT; Convergencia y Nueva Alianza tendrían cada uno 2 por ciento, lo que les permitiría conservar su registro; y lo perdería, en cambio, el PSD, que llegaría sólo al 1 por ciento. El PRI tendría, así, 220 diputados, más del doble que hoy; el PAN caería de 206 a 170, y el PRD alcanzaría 76, mientras que en 2006 ganó 126.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

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Tags: 5 de julio, elecciones, IFE, votaciones

This entry was posted on Domingo, Julio 5th, 2009 at 07:37 and is filed under Opinión. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.