¿Estado justiciero o debido proceso?
Por perionotas • 5 Oct, 2008 • Sección: OpiniónBitácora del director (Excelsior)
Pascal Beltrán del Río
Quizá porque acabamos de enfrentar por primera vez un acto terrorista, no tenemos la costumbre de ver cómo se comportan en público quienes son acusados de crímenes tan espantosos como el de Morelia.
Las imágenes de terroristas que tengo en la cabeza —y que llegan de otras latitudes— son las de unos tipos desafiantes que gritan consignas en el momento de ser detenidos y cuando son sometidos a proceso.
Por ejemplo, ¿cómo olvidar la cara burlona y las risas de los autores de los bombazos del 11-M en Madrid mientras los juzgaban? ¿O la de los cuatro líderes de ETA detenidos en Francia, en mayo pasado, quienes gritaban consignas cuando eran trasladados a una comisaría?
Por eso, debo confesarlo, me perturba la imagen de los tres acusados de lanzar las granadas en la capital michoacana: hombres sumisos, sin la rabia que se requiere para cometer un acto así, pero con el estómago suficiente para comerse un hot dog y una hamburguesa antes de sembrar el caos y la muerte entre personas desprevenidas e inocentes.
Me deja perplejo la historia que se les escucha relatar frente a una cámara de video, durante la grabación que después sería enviada a los medios de comunicación por la Procuraduría General de la República.
No estoy acusando a la PGR de fabricar culpables, pues no tengo bases para hacerlo. Sin embargo, hay tantas dudas en torno a la versión oficial de la forma en que fueron aprehendidos esos tres hombres que no puedo dejar de ocuparme de ellas. Ni modo, soy periodista.
La primera duda que salta es por qué estos hombres están golpeados.
Puede haber explicaciones. Por ejemplo, se pudo haber tomado por asalto su casa de seguridad y ellos pudieron haber puesto resistencia a la detención por parte de los elementos de la Siedo.
Para no especular, pregunté a la PGR por qué estaban golpeados (uno de ellos más que los otros dos). Como no obtuve respuesta de manera directa, pedí a mi compañero reportero Lemic Madrid que planteara nuevamente la pregunta. Esta es la respuesta que le dieron: la información es parte de la investigación y la PGR no va a hablar más al respecto.
Segunda duda: Si la confesión es la reina de las evidencias, ¿por qué se decidió arraigar a estos tres hombres y no consignarlos directamente ante un juez? ¿No es suficiente la confesión? ¿Tiene miedo la PGR de qué dirá el juez si ve a estos hombres golpeados?
Tercera duda: ¿De dónde salieron estos presuntos terroristas? ¿Por qué no hemos oído de sus familiares? ¿Por qué el gobierno local no tiene mayores datos sobre ellos ni se conocen sus actas de nacimiento?
Cuarta duda: Un operativo como el que se montó para detenerlos no puede pasar desapercibido en Apatzingán. ¿Dónde queda la casa de seguridad donde fueron aprehendidos? ¿Por qué ningún vecino se dio cuenta de las detenciones?
Quinta duda: ¿Por qué se dio a conocer sólo una porción del interrogatorio? ¿Acaso no forma, ella también, parte de las investigaciones?
Me pregunto si, al presentar ante los medios a los supuestos implicados en estos actos, la PGR simplemente trató de dar la impresión de que ya resolvió el caso y con ello dejar tranquilo al país.
Estoy convencido de que este acto de terrorismo debe aclararse íntegramente y con prontitud, para hacer justicia y saber quién está detrás.
Tengo derecho de dudar, pues ha pasado más de una vez que una corporación policiaca nos presenta al culpable de un delito grave y, al final, resulta ser inocente de lo que se le imputa.
Por la importancia de este caso, y con el fin de exorcizar para siempre las dudas con respecto a si esos tres hombres son realmente los responsables directos de los ataques en Morelia y que no confesaron su crimen bajo tortura, la PGR necesita actuar con mayor transparencia.
Los ciudadanos no podemos acostumbrarnos —por muy desesperados que estemos con la ola de delincuencia que nos azota y la ineficacia de la autoridad para contenerla— a que los detenidos aparezcan golpeados o se les desaparezca por días enteros sin que la autoridad explique qué pasó.
No se trata, al hacer estas preguntas, de defender a los delincuentes, sino de cuidar la superioridad moral que debe tener el Estado.
Si nadie se hubiera preguntado en Gran Bretaña por qué la policía metropolitana de Londres mató al electricista brasileño Jean Charles de Menezes cuando se le confundió con un terrorista, tal vez quien fue jefe de Scotland Yard, Ian Blair, seguiría hoy en su puesto.
Si fuera tan sencillo combatir al terrorismo de manera clandestina, ¿por qué el Mossad, una de las mejores agencias de inteligencia del mundo, confundió a un simple mesero de origen marroquí con un peligroso líder de Septiembre Negro cuando extendió el brazo de su Operación Ira de Dios a Noruega para tomar revancha del asesinato de los atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Munich 1972?
El Estado no puede volverse un vengador público o anónimo. Los ciudadanos no podemos dar a las corporaciones policiacas un cheque en blanco para que combatan a la delincuencia.
Primero, porque la ley establece por qué y cómo debe detenerse a alguien; segundo, porque no podemos olvidar que las corporaciones policiacas han sido infiltradas por la delincuencia y, en algunos casos, la han combatido selectivamente y, tercero, porque toda dependencia gubernamental necesita trabajar bajo el escrutinio público y con transparencia con el fin de no envilecerse.
Lo que México necesita, como país aún en transición a la democracia, es fortalecer sus instituciones y el imperio de la ley. Debemos apostar al debido proceso, que sea válido para todos y no a la acción justiciera de la autoridad, sean cuales sean sus motivaciones.
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