PGR, empresas e instituciones públicas eran protegidas por miembros de los Beltrán Leyva
La Procuraduría General de la República (PGR), así como empresas e instituciones públicas, entre las que se incluyen juzgados, contrataron los servicios de la empresa de seguridad privada perteneciente a uno de los principales operadores en el estado de México del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Considerado el líder de una célula de sicarios al servicio de esa organización criminal, Raúl Villa Ortega, El R, daba protección a instalaciones de la PGR a través de su empresa de seguridad privada RAV Corporación de Alta Seguridad Nacional, SA de CV.
El también ex policía en el estado de México y señalado como quien ejecutó directamente a 24 hombres en un paraje de La Marquesa, hizo tal revelación a los agentes federales que lo detuvieron en octubre pasado, junto con el ex comandante de la Policía de Huixquilucan, Antonio Ramírez Cervantes, según informes contenidos en el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/-302/2008, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL.
“Yo no tengo problemas con la policía o la PGR, ya que incluso mi empresa les da seguridad en juzgados y hangares en Monterrey y Jalisco”, confesó este miembro del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, la organización criminal por la que la PGR inició la Operación Limpieza al descubrirse que logró infiltrar la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), la Interpol-México y la embajada de Estados Unidos en nuestro país.
De hecho, la empresa ubicada en San Cristóbal, Ecatepec, servía como pantalla para que Villa Ortega operara por toda la entidad mexiquense bajo su aparente condición de empresario de seguridad privada. El R dijo: “Con mi empresa doy seguridad a diversas empresas y a la PGR, en concreto los hangares, juzgados y casas de prevención del delito”.
La compañía de seguridad privada tenía alrededor de 300 hombres, precisó Villa Ortega, quien hace cuatro días fue consignado ante un juez federal del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, por la masacre de 24 personas en La Marquesa. El operador de los Beltrán Leyva declaró que tenía ingresos mensuales de hasta un millón 300 mil pesos por el pago de los servicios de seguridad que brindaba a empresas e instituciones, incluída la PGR.
Las armas encontradas en la camioneta blindada de El R, cuando fue detenido, provenían de Tepito.
“Las compré en 25 mil pesos cada una, tanto la pistola 5.7 como el arma larga calibre 22, pero no sé el nombre de la persona que me las vendió”, dijo.
Dentro de la compañía RAV Corporación de Alta Seguridad Nacional SA de CV, la cual aparece registrada en documentos oficiales de la Secretaría de Seguridad pública federal (SSP) (de la que es titular Genaro García Luna), surgió como socio otro hombre, Alberto Ruiz Díaz, según informes contenidos en el expediente del caso. “Soy socio con Alberto Ruiz Díaz, a quien conocí cuando fui policía de la Agencia de Seguridad Estatal; y cuando hace dos años él quedó desempleado me dijo que era buen negocio una empresa de seguridad y por ello accedí a ponerla en sociedad”, dijo El R.
En mayo, en Guadalajara, Jalisco, una empresa con similitudes en el nombre de la compañía y el apellido del socio de Villa Ortega realizó contrataciones de guardias se seguridad privada. Su publicidad en internet mencionaba a la empresa RAV Corporación Nacional de Alta Seguridad Privada (salvo el cambio de la última palabra de Nacional por Privada, el nombre de la empresa es igual) y quien contrataba era “el comandante Ruiz”.
Informes de la PGR destacan que otro centro de mayor operación de los Beltrán Leyva es Jalisco, donde se contrató a 55 personas como guardias de seguridad, por 4 mil pesos al mes.
Está por estallar una bomba de tiempo en la PGR
Por otro lado, en Bajo reserva de El Universal, se asegura que una bomba de tiempo está por estallar en la PGR. Las investigaciones federales sobre las explosiones de granada el 15 de septiembre en Morelia van a tomar un giro en los próximos días con las indagatorias que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la detención de tres presuntos narcoterroristas. De acuerdo con los datos recabados por los visitadores, los detenidos fueron objeto de tortura por parte de un grupo criminal, que dio aviso para que posteriormente los detuvieran agentes federales. Con este caso, se prevé un nuevo enfrentamiento entre el ombudsman José Luis Soberanes y el procurador Eduardo Medina Mora.
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